Etiquetas

, , , , ,

mazoMarcos, de 13 años de edad, sufrió una caída en bicicleta aparentemente leve, el 3 de septiembre de 1994, en la localidad de Ballobar (Huesca). La lesión se agravó, días más tarde, con una hemorragia nasal, por lo que fue necesario llevar al accidentado al Policlínico de Fraga (Huesca) donde aconsejaron su traslado al hospital de Arnau de Lérida. Tras ser practicadas las pruebas pertinentes, se apreció una pérdida hemorrágica aguda que necesitaba de transfusión sanguínea. Los padres del paciente, D. Pedro A. T. y Dª. Lina V. R., manifestaron que su religión no les permitía aceptar la transfusión de sangre, por ser testigos de Jehová, y pidieron que fuese aplicado a su hijo un tratamiento alternativo. Ante la imposibilidad de otro tratamiento que fuese efectivo, los padres solicitaron el alta voluntaria, a lo que se negó el centro hospitalario. Éste solicitó autorización al Juzgado de Guardia para practicar la transfusión; autorización que fue concedida si se daba el caso de urgencia vital. Ante esto, D. Pedro y Dª. Lina cesaron en su oposición y se sometieron a la decisión judicial. Sin embargo, cuando se procedió a transfundir, Marcos, el paciente menor de edad, reaccionó violentamente y se opuso “con auténtico terror”, por lo que los médicos desistieron al considerar la posibilidad de que sobreviniese una hemorragia cerebral; pese a ello, no dejaron de intentar convencer tanto al menor para que consintiera ser transfundido, como a sus padres para que lo disuadieran de su oposición.

La repetida negativa de Marcos a recibir sangre y la de sus progenitores a convencerlo de lo contrario, hicieron que los facultativos descartaran la transfusión con ayuda de medios anestésicos (por no considerarlo ni ético ni médicamente correcto) y concedieran el alta voluntaria para el traslado a otro centro, a sabiendas de la inexistencia de un tratamiento alternativo. El menor fue llevado a diversos hospitales como el Universitario Materno-Infantil de Vall D´Hebrón (Barcelona) y el General de Cataluña (centro privado cuyos servicios fueron sufragados por los progenitores del niño). Ante la imposibilidad de administrar efectivamente otro tratamiento, el paciente fue conducido a su domicilio. De aquí, cuando se encontraba en un estado previo al coma, fue trasladado al Hospital de Barbastro (por orden judicial) al que llegó en coma profundo y donde se procedió a la transfusión autorizada por el juez (segunda autorización), sin que los padres de Marcos intentaran impedirla, acatando de nuevo la decisión judicial otorgada el 14 de septiembre. Finalmente, el niño fue trasladado al Hospital Miguel Servet, donde falleció, el 15 de septiembre de 1994.

El caso llegó al Tribunal Supremo y éste condenó a los padres de Marcos a la pena de 2 años y 6 meses de prisión, como responsables de un delito de homicidio por entender que “correspondía a los padres, en el ejercicio de sus atribuciones como titulares de la patria potestad, la salvaguardia de la salud del menor, de la cual eran garantes”. Según aquélla, tenían el deber legal y moral de hacer todo lo que fuere preciso para evitar cualquier situación que pudiese poner en peligro la salud o la vida de Marcos, “estando obligados a proporcionar a su hijo la asistencia médica que hubiere precisado”.

Esta sentencia del Tribunal Supremo fue recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional español por los representantes legales de los padres de Marcos. El recurso se fundamentó en la violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la integridad física y moral, protegidos por los arts. 16.1 y 15 de la Constitución.

Finalmente, el Tribunal Constitucional otorgó el amparo solicitado por vulneración del derecho de libertad religiosa de los progenitores de Marcos, y anula las Sentencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1997. Fundamenta la absolución de los padres de Marcos en el derecho de libertad religiosa, unida a la conducta diligente de aquéllos para la salvación de su hijo, ya que en todo momento, ellos mostraron un profundo interés por el bienestar de su hijo buscando centros hospitalarios que pudieran tratarlo, pero evitando el uso de sangre.

De acuerdo a la Constitución española, al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales y al Pacto internacional de derechos civiles y políticos, Marcos también era titular del derecho a la libertad religiosa, ideológica, de conciencia y de creencias. La sentencia del Tribunal Constitucional español 154/2002 considera a Marcos con la suficiente capacidad natural y madurez como para decidir en conciencia sobre aspectos serios que afecten a su vida. Hasta ahí el sentido básico de la sentencia.

Algunas objeciones ético jurídicas

Sin embargo, también habría que decir que son muchos los juristas que disienten profundamente de esta sentencia, sobre todo los que sienten que el derecho a la vida debería prevalecer sobre el derecho a la libertad religiosa. Por ejemplo, María del Mar Leal Adorna, profesora de Derecho Canónico y Eclesiástico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, escribe:

Cierto es que puede parecer injusta una condena por homicidio a los padres de Marcos que en todo momento intentaron buscar un posible tratamiento que salvase la vida de su hijo, siempre y cuando no se tratase de una transfusión sanguínea (por impedírselo sus creencias religiosas). Pero también hemos de preguntarnos si es justo que, por unas creencias religiosas, haya fallecido un niño. No pretendemos juzgar lo ya juzgado, únicamente apuntamos el interrogante para que no dejemos de pensar las posibles consecuencias de esta sentencia.

“Así las cosas, cabe formular otra pregunta: ¿qué derecho debe prevalecer, el derecho a la vida o a la libertad religiosa? La misma cuestión fue planteada por algunos magistrados del Tribunal Supremo que fueron consultados cuando se conoció la sentencia del Alto Tribunal: “quienes teníamos perfectamente claro en la práctica judicial que cuando se trataba de la vida de un menor debía prevalecer el derecho a la vida sobre las cuestiones religiosas, y a partir de ahora no lo está”.

“A este respecto se cuestiona Miguel Pulido Quecedo: “¿Habría sido la misma la respuesta del Tribunal Constitucional desde la libertad religiosa, si una niña muere a consecuencia de una ablación de clítoris, sobre la que la interesada, menor, y los padres consienten, porque así lo dicen sus creencias o religión que practican? Difícil es la respuesta.” – ¿Derecho a la vida o libertad religiosa? Breve comentario a la STC núm. 154/2002, de 18 de julio de 2002. Recurso de amparo núm. 3486/97: Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Cachón Villar. (B.O.E. de 7 de agosto 2002, núm. 188), María del Mar Leal Adorna, Revista internauta de práctica jurídica, ISSN 1139-5885, Nº. 12, 2003.

 Se impone entonces la cuestión de cómo actuará a partir de ahora el Tribunal Constitucional en supuestos parecidos. ¿Qué ocurriría en el caso de que una joven menor manifestara cierta posición personal con respecto al aborto? En su libro Patria potestad y la libertad de conciencia del menor (Tecnos, 2006), Miguel Ángel Asensio Sánchez, escribe:

Si la menor manifestara su rechazo al aborto por motivos ideológicos o religiosos, creemos que por analogía por el supuesto resuelto en la sentencia del Tribunal Constitucional 154/2002, de 18 de julio, deben ser tenidos en cuenta, lo mismo que si manifiesta su intención de abortar”. (pág. 131)

Durante muchos años, en los cuarteles de la guardia civil en España, podía leerse ‘Todo por la patria.’ Se entiende que toda persona tiene el derecho de morir por la causa que considere justa. Pero eso es más fácil reconocerlo en el caso de adultos que en el caso de menores de edad. Tal dilema es lo que hace que este asunto se encuentre en los límites del derecho, siendo de una complejidad moral extrema.

El derecho a la vida de los menores

En algunos libros de historia puede contemplarse fotografías de niños desfilando con el uniforme nazi o entonando junto a sus padres la Internacional socialista con el puño en alto. Un niño es casi como una libreta en blanco donde se puede escribir lo que se desee. De ahí la tremenda responsabilidad paternal de educar a sus hijos en altos valores que permitan formar su conciencia en libertad hasta el momento en que ellos mismos puedan decidir como adultos maduros. Por eso, algunas cuestiones pertinentes podrían ser: ¿pudo Marcos formar su conciencia en libertad? ¿Se le dio oportunidad de tener acceso a otros puntos de vista teológicos diferentes con respecto a la cuestión de la sangre y para entonces decidir en conciencia? ¿Sabía él que la mayoría de eruditos bíblicos rechaza la interpretación que hacen los testigos de Jehová con respecto a los textos bíblicos que tratan sobre la sangre, y que opinan que éstos nada tienen que ver con la práctica moderna de las transfusiones? ¿Hubiera podido él obrar de un modo diferente en conciencia a como actuó sin sufrir consecuencias adversas por parte de su comunidad religiosa? Sobre esto, el autor antes citado escribe:

La clave está en si el menor ha sido o no objeto de adoctrinamiento. En los supuestos en que se trata de un menor que haya formado su conciencia en libertad, creemos que hay que respetar su decisión a rechazar la transfusión. Tratándose de un menor que haya sido objeto de adoctrinamiento en ideas lesivas para su salud, debe prevalecer el derecho a la vida por entenderse que su decisión no es libre y consciente al no ser fruto del ejercicio autónomo de un derecho por no haberse formado su conciencia en libertad. Cubellas Recio señala que en estas situaciones hay que entender que la voluntad del menor no se formó libremente como consecuencia del adoctrinamiento religioso de sus padres“. (pág. 129)

 De un modo parecido se expresa Ana Valero Heredia, investigadora de la Universidad de Valencia, España, en su libro Constitución, libertad religiosa y minoría de edad (Universitat de València, 2004):

Si bien en los primeros años de su formación los niños son proclives a seguir las indicaciones de sus progenitores en materia de convicciones, esto puede cambiar de manera paralela a su propio proceso de maduración intelectual y emocional, pudiendo llegar a someter a discusión algunas de las enseñanzas que les hubieren sido impartidas. Es por ello que no debe ser admisible la estimación de una suficiente capacidad del menor de edad para llevar a cabo un acto de voluntad de consecuencias extremas aún basado en unas enraizadas creencias religiosas, pues éstas probablemente no son definitivas y las consecuencias de su decisión pueden llegar a serlas. Es, por tanto, importante cuestionarse qué tipo de consideración merecen las convicciones de un menor basadas en el juicio de valor que sus mayores le han inculcado desde que tiene uso de razón, máxime cuando está en peligro su propia vida”.

Nadie sabe si Marcos, al llegar a la edad adulta, hubiera mantenido las mismas convicciones que le movieron a ‘arrancarse los tubos con violencia.’ La persona, a lo largo de la vida, aprende, evoluciona y sus convicciones pueden llegar a cambiar. Por eso tantos juristas defienden que el derecho a la vida debe primar sobre el derecho de religión. Esa es también la opinión de Ángel Acedo Penco, doctor en Derecho y profesor de Derecho civil de la Universidad de Extremadura, quien comentando la sentencia del Tribunal Constitucional español 154/2002 en su libro “Derecho al honor y libertad de expresión, asociaciones, familia y herencia: cuestiones actuales (Dykinson, 2007), dice:

“Ningún planteamiento moral ni religioso, y mucho menos tratándose de un menor, puede hacer abdicar a cualquier Estado social y democrático de derecho, de sus más elementales principios, cual es, salvaguardar el derecho a la vida. Ningún postulado religioso, católico, evangelista o judío, puede justificar que una persona fallezca por la abstención de los padres en proporcionar la transfusión sanguínea a su hijo menor, por mucho que él mismo la rechazase, pues su juicio no estaba formado y no tenía libertad para decidir.

“La prevalencia al derecho a la libertad religiosa de un menor y de sus padres, sobre el derecho a la vida de aquél, adoptada por el TC (Tribunal Constitucional) supone un paso atrás de gigante en el desarrollo de los valores esenciales que justifican la existencia del propio Estado, recogidos con acierto en el artículo 10.1 CE (Constitución Española) y una vuelta al fundamentalismo jurídico de corte religioso que, si permite la muerte de un menor por no realizarse una simple transfusión sanguínea, bien podría llegar a justificar cualquier conducta depravada, discriminatoria, lesiva o descabellada, pero recogida en textos sagrados para sus creyentes”.

Un niño es alguien todavía muy tierno como para que pueda tomar decisiones que afecten seriamente a su vida. De ahí la importancia de que padres y poderes públicos salvaguarden los derechos, la salud e integridad física de los menores hasta que éstos por lo menos hayan alcanzado la mayoría de edad.

Ver sentencia original completa:

http://webpages.ull.es/users/mbarral/stc154-2002.html

Esteban López